Tal como se esperaba, el Consejo Regional del Gobierno Regional Piura aprobó por mayoría de sus miembros, declarar de interés regional la instalación e implementación del sistema de video vigilancia en los establecimientos comerciales abiertos al público con un aforo de 50 personas a más en la región Piura, como instrumento de vigilancia ciudadana para la prevención, control y persecución de delitos o faltas, conforme al Decreto Legislativo N° 1218 que regula su uso.

En dicho acuerdo, se exhorta asimismo a las municipalidades provinciales y distritales, de acuerdo a sus competencias, emitir ordenanzas que tengan por objeto la obligación de implementar la instalación de un sistema de video vigilancia y su respectivo sistema de graduación, en los establecimientos comerciales, industriales, actividades profesionales y/o servicios, entre otros, ubicados en la jurisdicción, así como en las construcciones de obras públicas y edificaciones privadas que tengan por destino la atención al público.

Se dispuso además alcanzar el acuerdo de Consejo Regional a las municipalidades de la jurisdicción regional para su evaluación.

El consejero de Morropón, abogado Oscar Echegaray, fundamentó su voto en contra, entre otros, por el hecho de que pidió el cambio de parte del acuerdo, en el sentido que la exhortación debería incidir sobre el Coresec, donde “nosotros tenemos competencia de manera indirecta”. A su vez, mostró su acuerdo con la declaratoria de interés regional para instalar cámaras en puntos críticos, según el mapeo delictivo que consta en los archivos de dicho Comité.

Mayor vigilancia

El secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana- Coresec, coronel en retiro Eduardo Arbulú Gonzales, resaltó que mediante el indicado acuerdo se exhorte a los gobiernos locales a implementar la Ley N° 30120, que dispone instalar cámaras de video vigilancia en empresas públicas, privadas y sobre todo donde hay un aforo de 50 a más personas.

“Esta norma permitirá el trabajo de la municipalidad, porque en Piura no hay una ordenanza municipal como sí las hay en Lima y Maynas, donde se exhorta la instalación de video cámaras”, dijo. Indicó además que una vez se publique la misma, los gobiernos locales asumirán su rol para exigir la instalación de cámaras a las empresas públicas y privadas.

Previo a esto, deben emitir las ordenanzas del caso; en tanto el acuerdo del Consejo Regional es una exhortación. “Ya está la ley y hay que darle cumplimiento”, remarcó. Explicó que las empresas públicas y privadas deben instalar una cámara exterior y una interior, como norma la ley.

Esto permitirá que haya una mayor cobertura, porque las cámaras se interconectarán con un centro de monitoreo y permitirán visualizar. Inclusive, sostuvo, que “si no tengo recursos para patrullar la ciudad, entonces haré un patrullaje virtual; por ejemplo las urbanizaciones que tienen cámaras de vigilancia se conectarán con la municipalidad, o el centro de monitoreo, y se hará un patrullaje virtual, de manera que se verá si ha ocurrido o no un hecho delictivo”.

Otros acuerdos

El Consejo Regional aprobó igualmente por mayoría, con voto en contra del consejero Oscar Echegaray, el proyecto de acuerdo regional que autoriza la salida al exterior (Málaga-España) al gobernador regional, Ing. Reynaldo Hilbck Guzmán, y el asesor Pedro Mendoza Guerrero, para participar entre el 15 al 22 del presente mes del proyecto: “Agenda Regional para un Crecimiento Sostenido basado en Estrategias de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente”.

El consejero sustentó su negativa al considerar que no era pertinente el viaje del gobernador en tanto debe atender otros temas de interés como la seguridad y la salud, y podía delegar para ello  al vice gobernador. No obstante, la mayoría de consejeros se mostraron favorables al viaje de la autoridad para atender temas de investigación, como indicó Hermer Alzamora, porque estamos muy mal en esto, o porque dicha autoridad no puede dedicarse a una sola cosa sino que debe atender todo en general, como alegó la consejera de Paita, María Cecilia Torres.

También se aprobó por mayoría, y con la negativa y argumentación del consejero Echegaray, la regularización de contrataciones directas de dos ecógrafos ultrasonido, obtenidos por la Diresa por un monto total de 352 mil 700 soles, por causal de situación de emergencia sanitaria para afrontar la amenaza del zika, los mismos que fueron destinados para los establecimientos de salud de Pacaipampa y Chulucanas.

Este tema que generó mucha controversia por parte de Echegaray, fue sustentado por el administrador y el jefe de asesoría legal de la Diresa, Felipe Paz Silva y Julio Córdova, respectivamente. También ayudó a dar mayores luces el jefe de la Oficina Regional Anticorrupción, abogado Alfred Urbina, y el abogado Omar Gemín, del equipo de apoyo al Consejo Regional.

Finalmente, se aprobó por unanimidad el acuerdo regional que aprueba una subvención económica de 10 mil soles para el Centro de Reposo San Juan de Dios de Piura, con el fin de que dicha obra social cumpla con la atención de personas desvalidas y con problemas con salud mental que tiene a su cargo.

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