Taladores procedentes de Mórrope y Olmos (Lambayeque) no solo extraen leña, sino también a su paso roban ganado caprino de los pobladores de la zona.

Los pobladores de los caseríos y anexos de las comunidades campesinas San Martín de Sechura y San Juan Bautista de Catacaos de Piura, ubicados en la margen izquierda de la carretera Piura - Lambayeque, acordaron planificar y ejecutar acciones conjuntas con el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) y la Policía Nacional del Perú, para frenar la alarmante tala ilegal de los algarrobos.

El bosque seco de esta zona se ha convertido en el blanco de personas inescrupulosas procedentes de Mórrope y Olmos (Lambayeque), quienes a bordo de camiones ingresan y cortan con motosierras los algarrobos de más de 30 años de edad.

La situación ha empeorado para los pobladores de estos caseríos y anexos del desierto de Sechura que en su mayoría se dedican a la ganadería caprina. En los últimos tres meses, los taladores ilegales lambayecanos no solo han extraído la leña de los algarrobos, sino también han robado cerca de 800 cabezas de ganado caprino.

A esto se suma el difícil acceso al lugar y la distancia, que limitan el ingreso y la intervención de las autoridades. Frente a esta preocupante realidad, el MINAGRI, a través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y la Policía se reunieron con representantes de los anexos Nuevo Sinchao Chico, Nuevo Piedral de El Tabanco, Nuevo Tallán, Punta Arena, Loma Blanca, Belisario y Vega del Caballo.

También participó la Ronda Campesina de Vega del Caballo (Catacaos).

Los participantes asumieron el compromiso de unir esfuerzos y trabajar para la protección y conservación el bosque de algarrobos, que les permite el desarrollo de la ganadería, entre otras actividades como la apicultura y la agricultura temporal.

Es importante conocer que el algarrobo (Prosopis pallida) es una especie forestal resistente a la sequía que crece en el bosque seco de las regiones de Piura, Tumbes y Lambayeque, sin embargo la tala indiscriminada pone en peligro su existencia, por lo que el Estado la protege mediante el Decreto Supremo N° 043-2006-AG que aprueba la categorización de especies amenazadas de flora silvestre.

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