Expediente responde a la realidad actual

El gobernador regional de Piura, Reynaldo Hilbck Guzmán, fue enfático en aclarar que fueron varios factores que hicieron que el costo de la Av. Sánchez Cerro se eleve su costo a casi 30 millones de soles, entre ellas se encuentra la licuefacciones de suelos, las líneas de alta y media tensión, telefonía, interferencias de agua y desagüe, además del FEN costero, donde se tuvo que paralizar la obra y reconocer los gastos generales por movilización de equipos y personal.

“El expediente técnico de la avenida Sánchez Cerro se elaboró el año 2010. Desde esa época muchas cosas han cambiado. Hay muchas más redes de telefonía, incluso hay dos operadores más, líneas de alta y media tensión que no existían, redes de agua y desagüe que se han ido cambiando e instalando con el tiempo, e incluso construcciones nuevas y anuncios publicitarios que se han ido fabricando”, explicó.

Hilbck dijo que el Gobierno Regional Piura en el año 2015 decide hacer realidad la construcción de esta avenida bajo la modalidad de Obras por Impuestos, gestionando entre las empresas privadas la participación de ellas como inversoras en nuestro beneficio, consiguiéndose la intervención de Interbank, Backus y Cementos Norte Pacasmayo.

“Luego de revisar someramente el expediente se empezó la obra en noviembre del 2016. Primero nos percatamos que el by-pass no había tomado en cuenta la licuefacciones de suelos, corregir ese defecto- como técnicamente es correcto- sumaba 6 millones más de inversión. Las líneas de alta tensión, media tensión, telefonía, interferencias de agua y desagüe sumaban por lo menos 6 millones adicionales. Luego sobrevino el FEN con lo cual se tuvo que paralizar la obra y reconocer los gastos generales del constructor por movilización de equipos, personal, etc”, detalló.

El mandatario dijo que se debe tomar muy en cuenta que el expediente técnico del año 2010 solo con una sencilla actualización de precios realizada por la gestión del alcalde Miranda el año 2015, ascendió a más de 61 millones de soles, esto sin considerar en todos los cambios ocurridos y mencionados anteriormente.

“Entonces, lo apropiado técnicamente era hacer un nuevo expediente que recogiera todos esos cambios ocurridos a lo largo de seis años y se determinase el correcto valor de la obra, y recién entonces firmar el convenio de Obra por Impuestos. Sin embargo ello hubiera tomado al menos un año para tener el nuevo y correcto expediente”, dijo.

 

Decreto

 

En ese contexto, Hilbck indicó que el Gobierno del presidente Ollanta Humala, a través de su ministro de Economía Alonso Segura, decretan el 26 de septiembre del 2015 el D.L. 1238, en el cual limitaban a partir del 01 de Enero del 2016 a los gobiernos regionales y municipalidades a no suscribir convenios de Obras por Impuestos mayores a 15,000 UIT (en ese entonces la UIT estaba en S/ 3,850), “con esto no se podía a partir de esa fecha suscribir convenios  de Obras por Impuestos que superarán S/ 57´750,000”. 

“El expediente de la avenida Sánchez Cerro que teníamos en ese momento con solo precios actualizados, ascendía a más de 61 millones. Entonces, si hubiésemos hecho un nuevo y correcto expediente que recogiera la realidad actual, simplemente no hubiésemos podido ejecutar la obra, toda vez que el nuevo y correcto expediente hubiera estado listo mucho después del 01 de enero del 2016, fecha en cuando empezaba a regir la restricción del D.L. 1238”, acotó.

La autoridad regional explicó que por eso se decidió entonces suscribir el convenio antes de la fecha en la que empezaba la vigencia de  la restricción, y es así que el 30 de diciembre del 2015 se suscribe el convenio con el Consorcio, “a sabiendas que en el camino tendríamos muchas cosas que corregir en el expediente, caso contrario esta obra nunca habría sido hecha”.

Finalmente, resaltó que en el tramo entre el ovalo Cáceres y la Avenida Chulucanas el expediente técnico del 2010, consideraba que el paquete estructural de la carretera se podía usar, cosa que no era técnicamente correcta y hubo que corregir. Por último, Hilbck dijo que todas estas ampliaciones de plazo elevaron también el costo de la supervisión, así como el costo mismo de elaborar un nuevo expediente técnico que corrigiera al anterior.

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