Investigación estuvo a cargo de ex defensor del pueblo, Eduardo Vega, quien dirige el Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Revela que el proceso electoral regional es “el primer eslabón” de la corrupción.

El Instituto de Ética y Desarrollo de la universidad jesuita Antonio Ruiz de Montoya, a cargo del ex defensor del pueblo, Eduardo Vega, presentará en Piura la primera investigación sobre el círculo de la corrupción en los gobiernos regionales. El estudio, realizado con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, analizó los casos de Cusco, Ayacucho, Moquegua, Piura y Madre de Dios evidenciando que el inicio de la corrupción está en las campañas electorales y el financiamiento ilegal. La situación es grave considerando que tres gobernadores y exgobernadores de Piura están con investigaciones y procesos por corrupción.

Los investigadores entrevistaron a diversos actores regionales como funcionarios de los gobiernos regionales, Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, así como a miembros de la sociedad civil y representantes de las ONG. La información que proporcionaron fue muy valiosa para el conocimiento de la política local y reconstruir el círculo de la corrupción. Uno de los principales hallazgos es cómo funcionan las redes corrupción en cada una de las fases del proceso de contratación de obras.

De las treintaiocho obras paralizadas en la región Piura, dieciséis son por administración directa, lo que demuestra las graves dificultades de este mecanismo que lo convierte en una fuente de corrupción o mala gestión muy alta. Los casos emblemáticos son las irregularidades en la formulación de los proyecto para la construcción de la carretera Tambogrande y para el mejoramiento de riego generación hidroenergética del Alto Piura.

El estudio revela que los empresarios y los proveedores del Estado que financian campañas electorales buscan que el candidato ganador les retribuya con la obtención de licitaciones. El direccionamiento de un contrato se produce desde la fase inicial del proceso y se convierte en una de las formas principales en que opera la corrupción. Además, los expedientes técnicos carecen de las precisiones necesarias, lo que trae consigo la proliferación de adendas que perjudican al Estado con obras sobrevaloradas por aumentos constantes del presupuesto, conlleva retraso y mala calidad.

El estudio hace hincapié en cómo el direccionamiento se cubre con formalidades legales y técnicas. Las convocatorias se convierten en un montaje, en el que se abre un camino paralelo de información privilegiada a los postores. La frase “Te apoyamos en tu campaña”, que se repite con frecuencia, revela la dependencia creada por el vínculo económico tácito y directo entre empresarios y candidatos, y sobre el que la ONPE no tiene ninguna capacidad de control. Son los empresarios o sus allegados quienes, precisamente, luego se convierten en funcionarios del Comité de Selección a cargo de los procesos de contratación y supervisión de obras. Si no se corrige esta situación se pone en riesgo los cerca de diez mil millones de soles entregados a las regiones.

“Hay regiones del país donde las redes de corrupción permanecen intactas gestión tras gestión y nada indica que con el proceso electoral en marcha y las nuevas autoridades que serán elegidas esta situación vaya a cambiar. 22 gobernadores regionales tienen denuncias o  investigaciones por corrupción lo cual sin duda daña el proceso de descentralización. Es posible derrotar a la corrupción si la máxima autoridad regional se compromete a desarrollar una gestión honesta y se rodea de un equipo capaz”, sostiene Eduardo Vega, director del Instituto de Ética y Desarrollo de la universidad jesuita.

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