Las consejeras de Paita y Talara, Cecilia Torres y Grecia Arriola, en conferencia de prensa salieron al frente para mostrar su posición sobre las versiones que vienen siendo publicadas en los diferentes medios de comunicación, donde las señalan como intermediarias en la contratación de funcionarios o personal de confianza en las Ugeles de sus jurisdicciones. Además, precisaron que ellas no tienen nada que ocultar y que se trataría de un tema mediático y político.

Ambas consideraron que todo se trata de un tema político, es decir “de campaña”. “Todo esto comienza después de haberle retirado la confianza al jefe de la Oficina Anticorrupción, y podría ser considerado como una presión mediática contra nosotras. Su designación (de Alfred Urbina) estaba mal dada, no era la correcta, no se ha respetado la ordenanza 304 como corresponde, pues el método correcto es a propuesta del Consejo Regional; eso es lo que buscábamos”, explicó la consejera Cecilia Torres.

“Nos sentimos vulneradas en nuestros derechos, incluso han llegado al acoso”, señalaron las representantes de Paita y Talara en alusión a los consejeros y funcionarios que estarían detrás de la información que viene siendo difundida en los medios de comunicación, quienes a su vez están dispuestas a que se les levante el secreto bancario y de las comunicaciones para profundizar las investigaciones que se encuentran en curso.

Grecia Arriola señaló que ella forma parte de un proceso de investigación fiscal que se encuentra en etapa preparatoria, donde “no hay acusación fiscal ni sentencia alguna”. Por su parte, Torres explicó que forma parte de un proceso fiscal en calidad de testigo, porque “me ponen en la investigación porque tengo conflicto de intereses, y no lo tengo, no me he beneficiado con algo, tengo las cosas claras de nuestra función, que es normativa y fiscalizadora”.

“Estamos aquí para hacer el descargo de cómo se ha venido manejando toda la información mediática. Lamentamos esta situación, ya que a todas luces se nota que esto ha sido ‘orquestado’, más aún porque este proceso de investigación de las Ugeles no es de ahora, sino que viene del 2017. Estoy bastante indignada porque se habla de conflicto de intereses, nos acusan por algo que no existe”, dijo Torres.

La consejera Arriola dijo que durante estos años de gestión, “hemos tenido siempre la voluntad de querer investigar y sacar a flote irregularidades que durante muchos años se han ignorado y dejado de lado, sobre todo en el caso de las Ugeles. La Secretaría Anticorrupción siempre ha tenido la disponibilidad presupuestaria para poder realizar las investigaciones, tanto así que se dispuso de dinero para una auditoría e investigar las irregularidades de las Ugeles. Esto es muestra que no tenemos nada que ocultar”.

“Yo no he exigido a nadie, mucho menos al gobernador o al director (Periche), sobre alguna persona que vaya a un cargo específico. Hemos actuado con libertad y respetando las facultades que tenemos, y son normativa, fiscalizadora y de representación. En esas facultades nosotras nos hemos limitado”, recalcó Arriola en función a la supuesta designación de la directora de la Ugel Talara, Matilde Chiroque.

Acciones legales

Las consejeras precisaron que tomarán acciones legales contra los que resulten responsables por los delitos de abuso de autoridad, hostigamiento y acoso político. “Consideramos necesario poder tomar las acciones legales, lo estoy coordinando con mi abogado. He realizado las consultas a abogados independientes y bajo todos los criterios no hay un procedimiento correcto. Un conflicto de intereses no lo determina una persona, eso implica un proceso administrativo o se emite un pronunciamiento”, recalcó Torres.

“Vamos a hacer una acción de amparo y una medida cautelar, porque se han violado nuestros derechos. Hemos interpuesto un documento a Flora Tristán por el acoso político que hemos recibido nosotras. Estamos evaluando las personas a denunciar, con información que sustente nuestro pedido, donde el consejero delegado sería uno de ellos. Además, estamos revisando presentar una acción de amparo por la demora en entregar la información”, añadió.

Finalmente, sentenció que se debe investigar la forma cómo ellos (los consejeros) han ignorado todos los procedimientos. “Lamentamos esta situación, más bien deberíamos hablar de proyectos para nuestras provincias, pero a esto nos han llevado. Hay cuatro consejeros que forman parte de una campaña política”, concluyó Torres.

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