Ante la crítica situación que atraviesa Piura por la restricción del servicio de agua, desde hace 19 días, debido a la ampliación del plazo previsto para los trabajos de mantenimiento en el canal Daniel Escobar, ejecutados por el Proyecto Especial Chira-Piura (PECHP), la Cámara de Comercio y Producción de Piura, manifiesta a la opinión pública lo siguiente:

  • Que resolver el contrato con el Consorcio Escobar, suspender los trabajos de reparación en el canal, instalar geomembranas, el futuro cambio de funcionarios en el PECHP, culparse mutuamente entre una y otra entidad, no resuelve el daño provocado.
  • El Gobierno Regional y el PECHP, fueron advertidos por la Contraloría General de la República, mediante informe publicado el 18 de diciembre, respecto al alto riesgo que existía de que el Consorcio Escobar incumpliera el contrato. Sin embargo, hicieron caso omiso. Y hoy, ante la total falta de responsabilidad y eficiencia que el caso requiere, los piuranos estamos padeciendo las graves consecuencias.
  • Las familias y las empresas se han visto seriamente afectadas, en cuanto a salud y economía. Esperemos que las consecuencias no se agraven.
  • Las pérdidas económicas en el agro son millonarias. El expresidente de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, Antero Lizama Torres, estima que la pérdida por hectárea es de aproximadamente S/ 7,000. Son más de 1,300 Ha afectadas entre el Bajo Piura y Sechura.
  • Confiamos en que, con la participación de las autoridades nacionales, den pronta solución a este gran problema y, esta vez, podamos acceder a este elemento vital en la fecha que señalan (15 de enero). Así como, se adopten medidas definitivas que impidan que esta dramática situación vuelva a repetirse.
  • No obstante, y ante el inminente daño provocado, invocamos a la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Contraloría, y demás órganos competentes, interponer las acciones legales que correspondan, para que se sancione a quienes resulten responsables de este atentado contra la salud de la población y la actividad agroexportadora de la región; así como, para que se otorgue una compensación o indemnización por los daños y perjuicios causados.
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