EN LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR

Se debe garantizar que los hogares en situación de alta vulnerabilidad sean beneficiados con la Canasta Básica Familiar.

En el marco del aislamiento social obligatorio ordenado por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19, se ha dispuesto, vía Decreto de Urgencia N° 033-2020, transferir a las 1874 municipalidades S/ 213 millones, para la adquisición y entrega de bienes de primera necesidad de la canasta básica familiar a hogares en situación de alta vulnerabilidad. Para la Defensoría del Pueblo, esta medida requiere pautas que orienten a los gobiernos locales en la elaboración del padrón de beneficiarios, así como la compra y entrega de estos productos.

En esa línea, la Defensoría del Pueblo ha recomendado a la Presidencia del Consejo de Ministros disponer de directrices que contemplen criterios para excluir del padrón de beneficiarios a personas ya favorecidas con otras medidas u otros programas sociales, así como incluir necesariamente a hogares con personas adultas mayores, personas con tuberculosis o VIH, personas con discapacidad, poblaciones indígenas, u otros grupos vulnerables.

Igualmente es importante poner a disposición de las municipalidades, bases de datos que permitan contrastar información y focalizar su intervención en beneficio de las poblaciones más vulnerables de cada territorio. Así, por ejemplo, deberá compartirse el padrón de beneficiarios del bono S/ 380, el padrón censal del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre “adultos mayores de 70 a más años que viven solos” y la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, entre otros.

También se requieren lineamientos con especificaciones técnicas sobre el valor y contenido nutricional de los alimentos a adquirir, así como criterios sobre la modalidad de compras, tope de precios referenciales, excepciones para la compra a proveedores sin Registro Nacional de Proveedores (RNP), entre otros aspectos. Asimismo, debe priorizarse la compra de productos locales con la finalidad de reactivar la economía local y atender las necesidades y hábitos alimenticios de las familias beneficiarias.

De otro lado, con la finalidad de cautelar el uso de los recursos públicos, se recomienda la conformación de Comités de Vigilancia u otros espacios similares, integrados por organizaciones de la sociedad civil, que acompañen los procesos de adquisición y entrega de las canastas básicas familiares. Es igualmente importante establecer expresamente la prohibición de usar las canastas básicas familiares con fines proselitistas y comprometer la participación de los Comités de Vigilancia y de los Órganos de Control Interno para supervisar su cumplimiento.

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